La decisión adoptada ayer por la Cámara de Diputados de Brasil de continuar el proceso de destitución de la Presidenta Rousseff, sin que haya existido indicio o discusión de fondo durante el debate sobre supuestos delitos, constituye un motivo de seria preocupación para la región.

La elección democrática y mayoritaria de Dilma Rousseff como Presidenta Constitucional,  no puede ser derogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria a menos que exista una prueba que la vincule de manera directa y dolosa con la Comisión de un delito común,  hecho que hasta el momento no ha sucedido.

Confiamos en que el Senado de la República actuando en conciencia como juez y después de evaluar la firmeza y pertinencia legal de las pruebas aportadas detenga este proceso que puede llegar a afectar seriamente la democracia regional y la seguridad jurídica hemisférica.

Quito, Mitad del Mundo, 18 de abril de 2016